La Corte Constitucional revocó las tres resoluciones emitidas por la Superintendencia de Salud que permitían intervenir administrativamente a la EPS Sanitas —privada y perteneciente al grupo español Keralty— por vicios en el debido proceso. El presidente Gustavo Petro afirmó que acata la decisión, pero insistió en que el sistema de salud requiere herramientas más fuertes para evitar su colapso financiero.
¿Qué determinó la Corte?
La Sala Plena concluyó que la intervención vulneró los derechos al debido proceso de Sanitas, ordenando dejar sin efectos:
- La resolución inicial del 2 de abril de 2024.
- Su corrección posterior del 10 de abril.
- La prórroga del 1 de abril de 2025.
Rechazó así el control directo de la Superintendencia a esta EPS, amparando el acceso a la justicia de la empresa y del grupo Keralty.
Sanitas aseguró estar “devastada” tras la intervención, con impactos morales y financieros significativos, y acusó al Gobierno de perseguirla estratégicamente, afectando gravemente al personal y la operatividad.
Acemi, gremio de EPS, celebró la decisión y pidió corregir los vacíos en el sistema, resaltando la importancia del respeto al debido proceso y las reservas técnicas.
Exministros de salud y expertos, como Fernando Ruiz, denunciaron la intervención como ideológica y mal ejecutada, llamando a ajustar la UPC —valor por afiliado— para estabilizar las finanzas del sistema.