La Corte Constitucional de Colombia admitió la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por Juan Felipe Harman Ortiz, director general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en contra de varios artículos del Decreto Ley 902 de 2017, norma que regula el Procedimiento Único para el acceso y la formalización de tierras en el marco de la Reforma Rural Integral.
La acción judicial, radicada bajo el Expediente D-16791, cuestiona que el decreto establezca una fase judicial dentro de los procesos agrarios, pese a que la Jurisdicción Agraria aún no ha entrado en funcionamiento. Según el demandante, esta situación vulnera principios constitucionales como el juez natural, el debido proceso en un plazo razonable y el derecho de los campesinos a acceder de manera efectiva a la tierra .
Los argumentos de la demanda
Harman, en representación de la ANT, señaló que:
- La existencia de una fase judicial adicional retrasa los procesos de redistribución y formalización de tierras, afectando el cumplimiento de la meta del Acuerdo Final de Paz, que ordena garantizar 3 millones de hectáreas a campesinos sin tierra y la formalización de otras 7 millones.
- El vacío institucional derivado de la falta de una jurisdicción especializada genera un “traslape competencial” entre jueces civiles y administrativos, lo que atenta contra el principio de juez natural.
- Al mantener la fase judicial sin la Jurisdicción Agraria, se afecta la celeridad y eficacia de los procesos, incrementando la inseguridad jurídica para comunidades rurales y campesinas.
La decisión de la Corte
En el auto emitido el 18 de septiembre de 2025, el magistrado ponente Vladimir Fernández Andrade resolvió:
- Admitir el primer cargo de inconstitucionalidad relacionado con la presunta violación al principio de juez natural.
- Rechazar el segundo reproche, que alegaba la vulneración del derecho de acceso a la justicia, por considerarlo insuficientemente sustentado.
- Correr traslado al Procurador General de la Nación para que emita concepto en un plazo de 30 días.
- Abrir el proceso a la intervención ciudadana, fijando en lista el expediente durante 10 días.
Un debate clave para la Reforma Agraria
La decisión abre un debate crucial sobre la arquitectura jurídica de la Reforma Rural Integral y el papel de la Agencia Nacional de Tierras en los procesos agrarios. Para Harman, este es un paso decisivo en defensa de la justicia social en el campo, ya que la actual regulación limita la capacidad del Estado para garantizar de manera ágil y efectiva el acceso a la tierra.
Mientras tanto, la Corte Constitucional deberá analizar de fondo si el Decreto Ley 902 de 2017 es compatible con los mandatos de la Constitución y los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz.